La Década Infame

El 6 de septiembre de 1930, un golpe militar, encabezado por el general José Félix Uriburu, derrocaba al presidente Yrigoyen e instauraba el primer gobierno militar de la historia argentina. Se iniciaba así un ciclo de más de 50 años, durante los cuales las fuerzas armadas se convierten en protagonistas de la política nacional. El golpe implicaba el retorno al fraude y a la violencia electoral, y el desarrollo de grupos totalitarios que vieron la oportunidad de instaurar regímenes similares al fascismo y al nacionalsocialismo. El resultado fue la inestabilidad política y el creciente escepticismo de la población con respecto a la democracia.

Por otro lado, la década del '30 marca el fin del modelo agroexportador, caracterizado por una relación privilegiada con Inglaterra. En este aspecto fueron claves la crisis de 1929 (que cerró el mercado mundial en rígidos espacios nacionales) y la segunda guerra mundial (que provocó cambios irreversibles en el escenario político y económico internacional). Durante este período crítico, el país buscó alternativas a partir de una mayor intervención estatal en la economía, que constituye un antecedente del nuevo modelo industrial de sustitución de importaciones.

Desde el punto de vista social, se trató de una época de grandes penurias para los sectores populares. La desocupación y los niveles salariales deprimidos, provocaron el empobrecimiento y la pérdida de expectativas en grandes sectores de la población. El proceso de urbanización y la formación de una clase media conformada por empleados de la administración, del comercio, de la banca y de otros sectores permitieron el desarrollo de nuevos fenómenos culturales.

Golpe de estado y gobierno de facto

Desde mediados de la década del '20, se apreciaba en el país la presencia de una nueva actitud política, fuertemente influida por el fascismo europeo (el que les brindó un soporte ideológico), el movimiento falangista y los doctrinarios de la denominada Acción Francesa (una organización monárquica católica creada por Charles Maurras). Dicha tendencia, llamada nacionalismo, reclamaba el regreso a la tradición nacional, para encontrar los remedios que el país requería. Sus orígenes pueden rastrearse en la reacción de la elite conservadora ante el fenómeno inmigratorio y las luchas sociales de comienzos de siglo. Se atacaba la creencia en el sistema democrático, como solución de todos los males. Según éste grupo, el gobierno de Yrigoyen demostraba el hecho de que gozar del auspicio de la mayoría electoral no aseguraba la infalibilidad ni la eficacia. La doctrina repudiaba al elenco gobernante y a sus opositores democráticos, carentes de opinión y corrompidos, y apuntaba a la reforma electoral de 1912, que había permitido la llegada al gobierno de la demagogia radical. La garantía estaba en un movimiento nacional no partidario, promovido por el ejército. En tal sentido, el poeta Lugones consideraba al ejército como el tradicional custodio de los valores morales. Igualmente, muchos radicales adhirieron al movimiento, por considerar que el partido se había volcado hacia la demagogia de izquierda. Los nacionalistas hicieron su aparición pública con la ola de huelgas y luchas obreras que siguieron al fin de la primera guerra mundial. En la Semana Trágica y en la Patagonia, grupos de civiles armados salieron en bandas a agredir físicamente a anarquistas y extranjeros (principalmente judíos).

Junto a estos nacionalismos de elite, surgieron grupos nacionalistas de carácter popular, con una fuerte impronta antiimperialista, influidos por el ideario de la renovación universitaria de 1918. En la década siguiente, constituirían una tendencia llamada FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina).

El teniente general Uriburu compartía con entusiasmo las opiniones del primer grupo (en una desafortunada alocución en la Escuela Superior de Guerra, a sólo tres meses de su asunción, manifestó que el gobierno de los mejores era difícil en todo país como el nuestro, en que había un 60 por ciento de analfabetos; de lo que resultaba claro que esos analfabetos eran los que gobernaban, porque en elecciones legales ellos eran mayoría. Esto era falso, pues el país ostentaba uno de los índices de alfabetización más altos del mundo).

El gobierno no tomaba medidas para conjurar la conspiración militar. Preocupados también parecían los grupos opositores de las minorías parlamentarias (conservadores, socialistas independientes y antipersonalistas). El general Agustín Pedro Justo asumió la representación militar de éstos; con lo cual hubo dos conspiraciones paralelas: la línea Uriburu (minoritaria y puramente militar) pretendía aplicar un programa de reformas constitucionales de matices corporativos y derogar la reforma electoral de Sáenz Peña, para acabar con el sufragio universal y establecer un sistema representativo bajo el cual los ciudadanos no se expresaran individualmente, sino que lo hicieran mediados por organizaciones sectoriales como los sindicatos, el ejército, etc.; mientras la tendencia de Justo sostenía que era necesario gestar un movimiento con fuerte apoyo de grupos políticos, para cambiar los nombres pero no modificar la constitución ni el régimen de partidos. Proponía que, una vez derrocado el gobierno, se llamara a elecciones generales lo antes posible.

Yrigoyen, agravada su enfermedad, delegaba el gobierno en el vicepresidente Martínez, quien decretaba el estado de sitio, en fecha 5 de septiembre de 1930. El 6 de septiembre, Uriburu, al frente de una columna de cadetes, a la que se fueron sumando civiles, avanzaba sobre Buenos Aires, exigiendo la renuncia de Martínez y asumiendo el mando del país. El presidente Yrigoyen presentaba su dimisión ante el jefe de las fuerzas militares de La Plata, quedando detenido. El día 8, Uriburu juraba desde los balcones de la casa de gobierno y nombraba un gabinete conformado por viejos políticos conservadores, entre los que sobresalía la figura del ministro del Interior (Matías Sánchez Sorondo), un confeso admirador de Mussolini y Hitler.

Yrigoyen era trasladado a la isla Martín García, donde permanecería detenido año y medio, falleciendo en 1933.

Las circunstancias que contribuyeron a preparar el golpe de estado de 1930 son de diversa índole. Una enumeración precisa de tales causas sería la siguiente:

a. La avanzada edad de Yrigoyen, y su deteriorado estado físico.

b. La lentitud administrativa, que conspiraba contra la eficacia de la función presidencial.

c. La crisis económica mundial, que provocó una disminución de las exportaciones, el éxodo de capitales, desocupación y una baja cotización de las materias primas de origen nacional.

d. El notable déficit público.

e. La división radical, entre personalistas y antipersonalistas.

f. La sistemática oposición, sobre todo en el senado, constituida por antiguos grupos conservadores, antipersonalistas, demócratas, socialistas y socialistas independientes.

g. La actividad opositora de la corriente nacionalista.

h. La acción de las empresas petroleras extranjeras, que veían afectados sus intereses debido a la política de nacionalización de Yrigoyen. En tal sentido escribe Jauretche: "creo que Yrigoyen en su segundo gobierno centró su política en el asunto del petróleo… Por primera vez iba a tener mayoría en el senado en 1930, entrando los dos senadores de San Juan y Mendoza, para sancionar la ley del petróleo. La elección era el 7 de septiembre. La asonada fue el 6. Creo que las fechas lo están diciendo todo. En momentos en que iba a tener mayoría para sancionar la ley del monopolio petrolero por el estado, estalló el golpe" (escritos inéditos).

i. La multiplicación de los conflictos obreros.

La CSJN y las características del gobierno de facto

En el ejercicio del poder, Uriburu cursó una comunicación oficial a la Corte Suprema de Justicia, la que emitió la acordada de fecha 10 de septiembre de 1930, que reconoció al gobierno surgido del pronunciamiento militar.

El reconocimiento de los gobiernos de facto ha dado lugar a la elaboración de numerosas teorías jurídicas. La Corte resumió algunas de esas teorías para reconocer al nuevo gobierno. En los considerandos 2º y 5º, aceptó la teoría del hecho consumado, al sostener que el nuevo gobierno controlaba las fuerzas policiales y militares, y que ya se había constituido ejerciendo tareas administrativas y políticas. En el considerando 4º, se inclinó por la teoría de la necesidad, aludiendo a la doctrina que legitimaba los gobiernos de facto por razones de policía y de necesidad, con el fin de mantener protegida a la comunidad cuyo interés deba ser defendido.

El 14 de septiembre, volvió la Corte a referirse al reconocimiento del gobierno de facto, al resolver el recurso planteado en la causa Yrigoyen. Sostuvo que el presidente fue derrocado por una revolución triunfante, y que a ese hecho se agregó su actitud personal de separarse del gobierno mediante la renuncia del 6 de septiembre. Expresó que al hacer dimisión de su cargo ante los jefes militares de la asonada, y no ante el Congreso, Yrigoyen reconoció la autoridad efectiva que ejercían esos jefes, y que el movimiento golpista ha obtenido el reconocimiento de poder de hecho por la misma Corte, en mérito al consenso y acatamiento general del país para proteger los derechos de las personas.

La Corte admitió que el presidente de facto tenía los mismos poderes que el presidente de iure, y que podía ejercer también funciones congresionales (en este caso, sólo para cumplir exigencias vitales).

Una vez en el gobierno, Uriburu disolvía el Congreso, declaraba el estado de sitio y gobernaba mediante decretos leyes. También disponía que fuera fusilado quien fuera sorprendido, in fraganti, en la comisión de delitos y sometido a ley marcial quien poseyere u ostentare armas en público, e intervenía doce provincias para eliminar a los gobiernos radicales, salvo dos que tenían gobiernos de otro signo político. Se prohibían las huelgas obreras, se expulsaba a profesores y alumnos universitarios opositores al gobierno de facto, se detenían y deportaban dirigentes, etc. Con el apoyo de grupos civiles y militares nacionalistas, organizó la Legión Cívica Argentina, a la que otorgó estatuto de fuerza de reserva de las fuerzas armadas, lo que permitía a sus miembros recibir adiestramiento militar en los cuarteles. Los partidos políticos se alarmaron al ver en esta organización paramilitar una copia de los grupos de choque fascistas de Europa, capaz de organizar un golpe e imponer una reforma constitucional de facto. Tales disposiciones aumentaron la impopularidad del gobierno y, ante los rumores de proyectos de limitar la participación popular en las elecciones, comenzó a gestarse una nueva conspiración militar.

Para tranquilizar los ánimos, el gobierno convocaba a elecciones generales para fines de 1931. El radicalismo se reorganizaba, pese al estado de sitio y a la intensa persecución policial. En esas circunstancias, la candidatura de Justo era un hecho sabido. El radicalismo antipersonalista, los conservadores y los socialistas independientes, proclamaban la candidatura del general Justo. Tal conglomerado de partidos recibió el nombre de Concordancia. Los demócratas progresistas y los socialistas porteños apoyaron la candidatura de Lisandro de la Torre.

Por su parte, el radicalismo proclamaba la candidatura de Marcelo de Alvear, pero el gobierno malograba la fórmula declarando la inhabilitación de los candidatos (por no haber transcurrido el período completo de intervalo que la constitución exigía para la reelección en el caso de aquel, y por hallarse incluido en las sanciones que un decreto establecía para quienes se hubiesen solidarizado con el régimen depuesto en el caso del candidato a vicepresidente Güemes). Como consecuencia de esta actitud, el radicalismo decretaba la vuelta a la abstención electoral en todo el país.

Tras las elecciones, el general Justo asumía el mando, en febrero de 1932, y formulaba un llamado a la conciliación nacional, levantaba el estado de sitio y se empeñaba en demostrar su distanciamiento de quienes le habían dado el poder. Durante su gestión se crearon el Banco Central, las juntas de carnes, granos, etc. y la Dirección General de Caminos.

La crisis mundial y sus consecuencias

Los efectos de la crisis económica de 1929 no tardaron en sentirse en nuestro país, en la época en que Yrigoyen era combatido por la oposición en su segunda presidencia. Se producía una disminución de las exportaciones, y la desvalorización de los productos nacionales en el extranjero. Crecía el éxodo de capitales, la desocupación y la miseria. Eran reducidos los recursos del estado, aumentaba el déficit fiscal y el desorden en la administración pública. La menor demanda y la caída de los precios de los productos agropecuarios, agravaron el peso de la deuda externa; así, la importación de productos no esenciales tuvo que ser reducida.

El estado apeló a medidas de corte intervencionista, contrarias a su filosofía liberal en materia económica. Se crearon la oficina de Control de Cambios (encargada de supervisar importaciones y operaciones en moneda extranjera) durante el gobierno de Justo, el Banco Central y las juntas reguladoras de carnes, granos, etc.

La crisis de 1929 marcó el fin de la expansión económica argentina, basada en la exportación de productos agropecuarios, fundamentalmente por el proteccionismo inglés. La paralela disminución de la capacidad para importar, suministró nuevos incentivos a los intentos de industrialización.

Las medidas proteccionistas adoptadas por Inglaterra en la Conferencia de Ottawa limitaron las cantidades de carne que adquiría en el país, por lo que los ganaderos movilizaron al gobierno en su defensa. En consecuencia, el gobierno de Justo firmaba un compromiso con Inglaterra, conocido como tratado Roca (h)-Runciman. El tratado dejaba en manos de Inglaterra la comercialización de las carnes argentinas, ratificaba una política de importación de productos favorable a los intereses de los grandes invernadores y aseguraba la introducción preferencial de productos de origen inglés en el mercado nacional. El acuerdo (calificado por Jauretche como el estatuto legal del coloniaje) disponía que:

a. Las empresas británicas y sus capitales tendrían un tratamiento benévolo, que tienda a asegurar el desarrollo económico del país.

b. Junto al gobierno argentino, su par británico cooperaría en los medios a adoptarse para asegurar un razonable beneficio a los ganaderos (lo que significaba la intromisión directa de un gobierno extranjero sobre la política de precios).

c. Tanto el carbón como todas las mercaderías inglesas, que en ese momento se importaban al país, seguirían libres del pago de derechos aduaneros.

d. Fueran disminuidos los derechos aduaneros sobre 235 artículos ingleses.

e. Gran Bretaña se comprometía a no modificar (en realidad a no bajar, pero nunca a subir) la cuota de carne enfriada introducida desde el país (cesión del 15 por ciento del mercado a los productores argentinos).

Con el golpe de 1930 y la restauración conservadora, el poder político regresaba a la oligarquía ganadera. La acción gubernamental habría de identificarse con los intereses del sector productor, en detrimento de los consumidores y de otros grupos no pecuarios, agrícolas o industriales. Otro escándalo de proporciones fue el debate sobre la industria de la carne, que culminó con el asesinato, en el recinto del senado nacional, del senador Bordabehere a manos de un ex policía y guardaespaldas de los conservadores, como consecuencia de una investigación solicitada por el senador demócrata progresista por Santa Fe, Lisandro de la Torre, que denunciaba la existencia de un monopolio frigorífico que explotaba a los productores, de negociados con los cupos de exportación de carnes, evasión de impuestos y cohecho, una prueba más de que el poder político era ejercido por los sectores ganaderos en estrecha vinculación con las empresas extranjeras. Explicaba el senador de la Torre: "el gobierno inglés no nos permite fomentar la organización de compañías que le hagan la competencia a los frigoríficos extranjeros. En esas condiciones no puede decirse que el país se haya convertido en un dominio británico, porque Inglaterra no se toma la libertad de imponer a los dominios británicos tales humillaciones. Los dominios británicos tienen, cada uno, su cuota de importación de carne y es administrada por ellos mismos. Es este país quien no podrá administrar su cuota".

De la Torre aportó pruebas que comprometían directamente a dos ministros de Justo (Pinedo y Duhau), y demostró la impunidad de los capitales ingleses. La comisión concluyó que los empresarios frigoríficos dominaban la industria, al monopolizar el 80 por ciento de las exportaciones, lo que les permitía especular con los precios internos. Se denunció, asimismo, la falta de cooperación de los frigoríficos y el intento de ocultar cálculos de costo. Poco tiempo después, el gobierno de Justo decretó la intervención federal de Santa Fe, expulsando al gobierno demócrata progresista de Luciano Molinas. De la Torre, cada día más abatido, presentó su renuncia al senado. El 5 de enero de 1939, se disparó un tiro en el corazón.

Industrialización sustitutiva e inversión estadounidense

La política proteccionista de las grandes potencias industriales, compradoras de materias primas en el país, obligó a intentar un cambio en la estructura económica nacional. Los sectores económicos vinculados al agro, comenzaron a transferir divisas a la industria, mientras el estado, representante de esos intereses, iniciaba una política arancelaria de marcado carácter proteccionista. El menor ingreso proveniente de la exportación de carnes y cereales, contrajo el poder de compra del país. Fue necesario iniciar una etapa de industrialización, para sustituir importaciones, absorber mano de obra y elevar el ingreso de la población. El estado adoptó una serie de medidas que estimulaban la expansión de la industria. Sin embargo, la falta de un programa coherente de planificación económica, produjo como resultado un crecimiento dispar del sector industrial. Las industrias de bienes de consumo se multiplicaban sin orden, y las industrias de base eran malogradas. El resultado: un proceso de concentración industrial en grandes empresas, con un alto grado de mecanización y un bajo índice de personal ocupado. La recuperación de la economía norteamericana, se tradujo en un incremento de las inversiones de capital de ese país en el sistema financiero y en la industria petrolera.

El proceso referido, así como la disminución de la actividad agropecuaria, causaron una notable migración interna. Grandes masas de trabajadores rurales se trasladaban a las grandes ciudades, para conseguir trabajo en las nuevas industrias. Como consecuencia de la alta densidad de población en las zonas urbanas, surgió un nuevo sector social: el proletariado, llamado a tener una importante participación con la aparición del peronismo.

En julio de 1936 estalló la guerra civil española, y provocó una fuerte polarización en el país: los sectores conservadores y filofascistas apoyaron al franquismo, en tanto que los liberales y la izquierda alentaron a los republicanos. Lo dicho, motivó a los que querían conformar un frente popular que se opusiera a la Concordancia en las próximas elecciones y, si bien el proyecto fracasó, sería un antecedente de agrupamientos posteriores.

El fallecimiento del ministro de Guerra, al que consideraba su sucesor natural, impulsó a Justo a proponer la candidatura presidencial de Ortiz (un radical antipersonalista) para enfrentar a la fórmula radical, encabezada por Alvear, en los comicios de 1937. Luego de una elección caracterizada por un fraude escandaloso, se impuso la Concordancia y Ortiz accedió a la presidencia.

Presidencia de Ortiz e interregno de Castillo

Ortiz llegó a la presidencia, acompañado por el conservador Castillo, en febrero de 1938. Para sorpresa de todos, Ortiz demostró la firme decisión de acabar con el fraude electoral y procedió a intervenir todas las provincias en las cuales se produjeron comicios viciados. Esto le valió el apoyo del radicalismo (y de otras fuerzas democráticas) y de sectores militares. Sin embargo, la gestión del presidente estuvo plagada de conflictos y contratiempos, en especial el rápido deterioro de su salud y el estallido de la segunda guerra mundial. La pérdida de sostén político (con la renuncia del ministro de Guerra, Márquez, al quedar implicado en un caso de corrupción) y una diabetes muy severa, obligaron al presidente a apartarse del cargo y potenciaron a los sectores conservadores vinculados con el fraude. En cuanto Castillo asumió interinamente la presidencia, mostró su intención de dar marcha atrás con la política de Ortiz.

Inicialmente, el conflicto mundial no parecía tener influencia en el país, pero las victorias alemanas y el aislamiento de Inglaterra llevaron a pensar que se debían tomar medidas, porque peligraba el comercio con los británicos (principales compradores de las exportaciones agrarias argentinas).

Con la guerra, el país se acercó más a los Estados Unidos, al tiempo que desarrollaba un nuevo perfil industrial con el plan elaborado por Pinedo (ministro de Finanzas del gobierno de Castillo). En medio de las restricciones impuestas por la segunda guerra mundial, el plan intentó no incomodar al sector ganadero, pero preveía una política de créditos blandos por parte del estado para desarrollar productos industriales exportables que no fueran competitivos con los ingleses, y restringía las importaciones industriales de algunas áreas, mientras tendía en forma global a un acercamiento con los Estados Unidos. El plan tuvo la oposición tanto de sectores agrarios conservadores, que temían la represalia británica, como del radicalismo. Sin apoyo político suficiente, la estrategia fracasó.

La guerra dividió a la sociedad argentina entre aliadófilos (sectores del radicalismo junto a socialistas, y comunistas tras el ingreso de la URSS en el conflicto) y neutralistas (uriburistas simpatizantes de nazis y fascistas, y radicales nacionalistas). En las fuerzas armadas también existían diferentes tendencias: una dirigida por Justo (proaliada, que buscaba un acercamiento a los Estados Unidos) y otra nacionalista, que apoyaba la neutralidad (en 1943 se organizó una logia llamada Grupo de Oficiales Unidos, acorde con estas ideas).

El gobierno de Castillo sostuvo el carácter neutral, por lo que fue considerado germanófilo. Sin embargo la postura neutralista favorecía a Inglaterra, que al tener un proveedor no beligerante no dependía sólo de los norteamericanos. Cuando los Estados Unidos entraron en la guerra, en diciembre de 1941, la presión diplomática por la posición neutralista fue cada vez más fuerte, por lo que Castillo modificó su postura y el 26 de enero de 1944 (cuando ya se descontaba el triunfo aliado) anunció la ruptura de relaciones con el Eje (hecho que formalizó el 4 de febrero de ese año) y designó al conservador aliadófilo Patrón Costas como candidato para las elecciones de fines de año. Según la embajada británica, Patrón Costas era un miembro representativo del grupo proaliado de los terratenientes y habría representado en el gobierno a la oligarquía conservadora de los terratenientes anglófilos y de los financistas pronorteamericanos (correspondencia interna del Foreign Office citada por Rapoport). Como respuesta el sector nacionalista del ejército derribó al presidente mediante un golpe de estado, en junio de 1943, encabezado por el general Rawson.